En la ruta hacia el «Net Zero», todos deberíamos salir ganando, ¿no? Por desgracia, no es así. En el rápido cambio hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, distintos grupos y regiones se verán afectados de formas muy diferentes. Si hay algo que nos ha enseñado la pandemia es que los costes humanos y económicos de una crisis global no afectan a todos de la misma manera y que el esfuerzo que se necesita para abordar la gran amenaza existencial del cambio climático no es equitativo. 

Las trascendentales declaraciones realizadas el martes en la COP26 elevan el número de países que se comprometen a alcanzar el «Net Zero» a 130¹. Estos objetivos son de vital importancia para ayudar a reducir las emisiones y limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales, pero lo que se necesita para que estas economías hagan la transición y puedan cumplir con estos objetivos es actuar, y hacerlo rápido. 

El cambio ya ha empezado con intensos esfuerzos por descarbonizar la energía, el transporte y la calefacción que están convirtiéndose velozmente en una cuestión clave. La COP26 ya ha anunciado los compromisos para detener la deforestación, reducir las emisiones de metano, limitar el carbón y financiar el acceso a la energía. 

La dimensión y el ritmo de la ambición están marcados por fuertes compromisos para desmantelar las centrales eléctricas de carbón existentes, impedir que se construyan plantas nuevas y prohibir la venta de coches de gasolina y diésel reemplazándolos por nuevas alternativas bajas en carbono. Todos estos son indicios alentadores. 

Todos ganaremos con esta transición. La salud (incluida la respiratoria) mejorará, los entornos y ecosistemas naturales estarán más limpios y la reducción general de los riesgos relacionados con el cambio climático beneficiará sobre todo a aquellas poblaciones más vulnerables a los efectos del calentamiento global. El uso de nuevas innovaciones en tecnologías limpias favorecerá la creación de nuevos empleos e industrias y muchas comunidades prosperarán. 

No obstante, tal como ocurre con cualquier cambio de paradigma, el efecto y las repercusiones no siempre se distribuyen de forma equitativa. A medida que las industrias contaminantes y con alto contenido de carbono disminuyan, el mercado laboral vinculado a esas industrias se verá afectado de forma inevitable, y eso afectará a los trabajadores y sus comunidades. Es posible que los proyectos de energía limpia incluso produzcan costes no deseados, entre ellos, la posible expropiación de terrenos o cambios en la forma de vida que lleve intrínseca la necesidad de reaprender, cambios a los que algunas personas posiblemente no puedan adaptarse. 

A nivel doméstico, algunas familias serán capaces de adoptar nuevas tecnologías como paneles solares o vehículos eléctricos, pero otras quedarán rezagadas por falta de medios económicos o de una infraestructura adecuada en sus países². Por ejemplo, opciones de transporte con bajas emisiones de carbono, como los patinetes eléctricos o las bicicletas, pueden no ser el medio de transporte más adecuado para personas mayores o con alguna discapacidad, mientras que las tecnologías digitales e inteligentes serán utilizadas por los menos alfabetizados a nivel digital. 

La transición justa es aquella que tiene en cuenta la equidad y la justicia. Es un concepto que se utiliza para llamar la atención sobre cómo se comparten los costes y beneficios generados por el cambio de una sociedad a «Net Zero» y cómo puede hacerse de manera justa. La transición necesaria del sistema energético ofrece una oportunidad para mejorar el bienestar de toda la sociedad, pero para conseguirlo se requiere una consideración, una planificación y un compromiso minuciosos. 

La finalidad de la transición justa debería ser crear una sociedad más igualitaria sin dejar de avanzar hacia un futuro descarbonizado. Allí donde los responsables de las políticas reconocen las diferentes experiencias de exclusión de los beneficios de la transición y dan prioridad a la participación local diversa, los costes que recaen en los grupos y comunidades vulnerables podrían minimizarse. Para que una transición sea realmente justa, también debe ser inclusiva. 

Si bien no existen unas normas claras y definidas para la transición justa, sí existen algunos principios básicos que pueden respaldar la distribución más equitativa de los beneficios y los costes. 

1.    Aceptar que siempre habrá unos que se beneficiarán y otros que no 

Para que una transición sea justa, debe trabajar de forma activa para acabar con las desigualdades sociales existentes y potenciales que puedan derivarse o exacerbarse por el cambio. Estas desigualdades pueden basarse en la situación laboral, la proximidad a la industria o la infraestructura y la situación socioeconómica, así como en características sociales como el género, la condición de inmigrante, la etnia, la edad, la capacidad y otras características protegidas. Todo ello determinará quiénes pueden influir en las decisiones sobre la transición y quiénes saldrán ganando o perdiendo con estas decisiones.
Es importante recordar que no todos notarán el impacto de la misma manera y que la confluencia de algunas de estas características puede agravar las experiencias negativas de la transición. Por ejemplo, los datos sugieres que las mujeres y los hombres no se ven afectados de la misma manera por la disminución del carbón en las comunidades que dependen de él³. Reconocer ahora quién se queda excluido de los beneficios de las tecnologías bajas en carbono determinará cómo se distribuirán los beneficios y los costes de las tecnologías bajas en carbono en el futuro.  

La protección contra los efectos negativos de la transición y el empoderamiento de las personas vulnerables y marginadas deben ser una prioridad en la evaluación de los impactos y el diseño de medidas de ayuda.  

2.    Garantizar procesos de planificación justos e inclusivos 

Los procedimientos justos pueden llevar a tomar decisiones sobre la transición que favorezcan resultados equitativos. Estos procesos deben dar prioridad a la representación justa, la transparencia y la incorporación del conocimiento local. Es posible que, para poder participar en estos procesos, sea necesario desarrollar la capacidad, ya que algunos grupos de la sociedad, como las mujeres⁴, los pueblos indígenas⁵ y los discapacitados⁶ siguen encontrado obstáculos para participar políticamente y económicamente en el sector energético. Al escuchar un amplio espectro de intereses de los ciudadanos, incluidos los de los grupos marginados, aumentan⁷ las posibilidades de que los beneficios y las cargas se distribuyan de manera más equitativa.

Garantizar una amplia representación de las personas afectadas por los cambios en el entorno y las economía locales es clave: los ciudadanos pueden participar en la negociación y en la formación de la visión de la transición en su contexto local en lugar de que les venga impuesta. Pueden ayudar a determinar los tipos de medidas de atenuación adecuadas para atender a sus necesidades mediante opciones de vida alternativas, desarrollo de capacidades y readaptación, servicios de apoyo, protección social o proyectos de desarrollo comunitario. Es probable que los cambios en las políticas, los proyectos y las tecnologías tengan una aceptación social mucho mayor cuando forman parte de una visión compartida de la transición⁸ y donde el conocimiento local se valore y tenga en cuenta. Los enfoques de participación deliberativa como la Asamblea Ciudadana Climática del Reino Unido o la Evaluación Participativa del Valor en la Visión de Transiciones de Calor de Utrecht han permitido a distintos ciudadanos de a pie y voces locales influir en las decisiones políticas y compartir perspectivas locales^9,10. 

3.    Apoyar a los trabajadores, comunidades y regiones afectados en su enfoque de las desigualdades existentes. 

No existe un criterio universal para distribuir los costes y beneficios de una transición de forma equitativa. Las inversiones en oportunidades serán más factibles en algunas regiones geográficas debido a su ventaja natural, la industria existente, la mano de obra calificada y la infraestructura. Por ejemplo, si bien los trabajos en energías renovables como la solar y la eólica pueden parecer alternativas atractivas a la minería del carbón local, no todos pueden acceder a ellos ni son viables en todas las regiones¹¹. Pero para algunas comunidades que tienen que hacer frente al declive de las industrias de combustibles fósiles, la aparición de tecnologías nuevas e innovadoras, como el hidrógeno verde de la energía solar o eólica y la captura, almacenamiento y uso del carbono (CCUS, por sus siglas en inglés) suponen una oportunidad de generar empleos y liderazgo industrial. Hay oportunidades laborales en la restauración del hábitat natural, la eficiencia energética y la instalación de bombas de calor, y para orientar los trabajos especializados en petróleo y gas hacia, por ejemplo, la energía eólica marina. 

Para contribuir a estas oportunidades son necesarios planes e incentivos a largo plazo que puedan atraer las inversiones en los ámbitos necesarios. También se necesitarán inversiones para mejorar las cualificaciones de los trabajadores, para la reeducación y la formación, la investigación y el desarrollo de tecnologías verdes regionales, y inversiones en el desarrollo económico local para diversificarse y abandonar el uso de los combustibles fósiles. Es posible que se necesiten protecciones sociales en aquellos casos en los que no sea factible ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo nuevo en sectores más ecológicos. Las desigualdades regionales históricas implicarán que algunos estarán más rezagados que otros, por lo que aquellos con menor capacidad financiera deberán ser los primeros en recibir las ayudas. 

Existen diferencias significativas en los enfoques necesarios para el Sur Global. Si bien la pandemia ha servido para poner de relieve la urgencia de considerar el impacto humano del cambio global, habiendo creado o ampliado las desigualdades sociales dentro de los países¹², la desigualdad en la repartición de vacunas en todo el mundo ha demostrado cómo las nuevas tecnologías pueden dejar atrás al Sur Global. 

Con más mano de obra informal, altos niveles de desempleo y una falta total de acceso a los servicios energéticos, la transición no solo debe basarse en transformar el empleo, sino también en crearlo. Ofrecer acceso a fuentes de energía limpias, sostenibles y fiables puede generar oportunidades para nuevas industrias y medios de vida, pero también tiene el potencial de abordar las persistentes desigualdades sociales y económicas, como brindar oportunidades para que emprendan las mujeres. 

La COP26 tiene el potencial de impulsar una sólida ambición para conseguir una transición inclusiva. En la última semana, más de 30 países han firmado la Declaración de Transición Justa y han reconocido la necesidad de garantizar que nadie se quede atrás en las economías «Net Zero». También estamos siendo testigos de alentadores compromisos para financiar transiciones justas e inclusivas en los mercados en desarrollo y emergentes. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido, que anunció que iba a aumentar la financiación en 126 millones de libras esterlinas para la plataforma Transforming Energy Access (TEA), que forma parte de un paquete de apoyo para una transición inclusiva y justa. A esta medida, le siguió rápidamente la Presidenta de la Fundación Europea para el Clima, Laurence Tubiana, que anunció el lanzamiento del Coal Asset Transition Accelerator  (CATA) respaldado por Carbon Trust, para ayudar a las economías emergentes a alejarse del carbón de una manera justa. Ambas son iniciativas importantes, pero no podemos detenernos aquí. Debemos incorporar principios sólidos de justicia, igualdad de género e inclusión social en todos nuestros compromisos y acciones para alcanzar el «Net Zero». Nuestra transición hacia un futuro de «Net Zero» no solo debe ser sostenible, sino también inclusiva y justa. 
 

1. BBC. What is net zero and how are the UK and other countries doing? BBC News https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-58874518 (2021).
2. Sovacool, B. K. & Martiskainen, M. The whole systems energy injustice of four European low-carbon transitions. Global Environmental Change 58, 101958 (2019).
3. Lahiri-Dutt, K. Gendering just transition. Policy Forum https://www.policyforum.net/gendering-just-transition/.
4. Mohr, K. Breaking the Dichotomies: Climate, Coal, and Gender. Paving the Way to a Just Transition. The Example of Colombia. Energies 14, 1–18 (2021).
5. Maldonado, J. et al. Engagement with indigenous peoples and honoring traditional knowledge systems. Climatic Change 2015 135:1 135, 111–126 (2015).
6. Snell, C., Bevan, M. & Thomson, H. Justice, fuel poverty and disabled people in England. Energy Research and Social Science 10, 123–132 (2015).
7. Jenkins, K., McCauley, D. & Forman, A. Energy justice: A policy approach. Energy Policy vol. 105 631–634 (2017).
8. Demski, C., Thomas, G., Becker, S., Evensen, D. & Pidgeon, N. Acceptance of energy transitions and policies: Public conceptualisations of energy as a need and basic right in the United Kingdom. Energy Research and Social Science 48, 33–45 (2019).
9. TU Delft. Residents choose gas-free neighbourhoods. Participatory Value Evaluation (PVE) Case Study: Heat Transition Vision Utrecht. TU Delft https://www.tudelft.nl/en/tpm/pve/case-studies/heat-transition-vision-utrecht (2020).
10. Thomas, G., Demski, C. & Pidgeon, N. Energy justice discourses in citizen deliberations on systems flexibility in the United Kingdom: Vulnerability, compensation and empowerment. Energy Research and Social Science 66, 101494 (2020).
11. Pai, S., Zerriffi, H., Jewell, J. & Pathak, J. Solar has greater techno-economic resource suitability than wind for replacing coal mining jobs. Environmental Research Letters 15, 034065 (2020).
12. Goldin, I. COVID-19: how rising inequalities unfolded and why we cannot afford to ignore it. The Conversation https://theconversation.com/covid-19-how-rising-inequalities-unfolded-and-why-we-cannot-afford-to-ignore-it-161132 (2021).
13. McCauley, D. & Heffron, R. Just transition: Integrating climate, energy and environmental justice. Energy Policy 119, 1–7 (2018).